Hace unos días escuché algo en el informativo que me hizo replantearme muchas cosas en lo tocante a justicias y derechos varios.
Resulta que el expresidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Eduardo Teddy Bautista cobrará una pensión con carácter vitalicio de 26.269 euros además de percibir un montante de 186.686 euros en concepto de mensualidades no abonadas. Esto se desprende de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid en relación con la demanda por despido improcedente que el citado Bautista interpuso contra la propia SGAE.
Cabe recordar que Teddy Bautista abandonó su cargo en la entidad en 2011 tras ser detenido e imputado por apropiación indebida, administración fraudulenta y un delito societario por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Acto seguido y todavía en estado de shock escucho que, según denuncia el Grupo Español de Pacientes de Cáncer (GEPAC), los oncólogos de este país están: “recibiendo presiones para que no informen a los pacientes sobre nuevos fármacos”. La razón es puramente económica, asegura la Presidenta de GEPAC, Begoña Barragán.
A este hecho se suma la circunstancia de que España es uno de los países europeos a los que más tarde llegan los nuevos medicamentos destinados a tratar enfermedades como el cáncer o la hepatitis C. Estas dos noticias, relatadas una detrás de la otra, me hicieron pensar.
La SGAE es una entidad de carácter privado y por lo tanto muy libre de pagar a sus directivos lo que estime oportuno. Siendo esto una obviedad, no deja de ser paradójico que una persona perciba durante el resto de su vida una cantidad mensual que sobrepasa con creces lo que gana un español medio en un año de trabajo, mientras que se aducen razones económicas para no prescribir fármacos que podrían salvar muchas vidas.
Me asombra la celeridad y predisposición de la justicia a juzgar causas de personas cuyo proceder es, cuanto menos, dudoso (recordamos el caso Blesa que ha llevado al juez Elpidio Silva al banquillo de los acusados en un tiempo récord) mientras que hace oídos sordos a la vulneración sistemática de los derechos más fundamentales de gran parte de la población.
Por su parte, los representantes políticos se empeñan en hacernos creer que “lo peor ya ha pasado”. Que sus señorías les cuenten esa milonga a los enfermos de cáncer que se morirán por no tener a su disposición el medicamento adecuado. El otro día, una vez más, he sentido vergüenza de ser español.